Las funciones principales incluyen la intervención pedagógica y educativa con los usuarios del centro de protección. Se colabora con los técnicos, bajo la supervisión de la dirección, en el estudio y elaboración del plan de intervención individual o grupal. Además, se pone en práctica dicho plan dentro del proyecto educativo del centro.
Se ofrece un contrato en prácticas, con una jornada a definir y un salario estimado entre 24.001 y 30.000 euros anuales. Esta oportunidad está pensada para quienes quieran desarrollar su labor en el ámbito de la educación social, trabajando directamente con personas en situación de protección.
